The expanded use of surveillance technologies in Argentina during the first two years of the Javier Milei’s administration has served to expand states surveillance capabilities, profiling and reprisals in the country, creating a chilling effect on rights to privacy and freedom of expression, peaceful assembly and association.

The government of Argentina has implemented sweeping institutional reforms to expand its intelligence capabilities and therefore surveillance mechanisms, through executive decrees and resolutions.

Between 2024-2025, it also acquired technologies worth at least US$1.2 million, including social media monitoring tools, facial recognition, and aerial surveillance tools. Together, these policies and technologies amount to a system of mass surveillance.

AN EXPANDING SURVEILLANCE INFRASTRUCTURE

The Argentinian government has procured various surveillance technologies, including open-source intelligence platforms designed for the collection, cross-checking and visualization of large volumes of data from social media, websites, the dark web, personal data, technical infrastructure and other public databases.

Purchases also include licences for facial recognition software from companies with a track record of mass exploitation of biometric data without sufficient legal grounds , as well as the procurement of drones and ground control stations, with automated tracking capabilities, thermal cameras and real-time transmission of images.

“We’ve all been fully identified for a long time now… Sometimes as you’re walking you get to [where you were going] and suddenly you see the drone hovering just above your head. Sometimes within six feet. Why so close? Why is it so invasive?”

Ana Tapia, a member of the Insurgent Pensioners (Jubilados Insurgentes) collective.

Pensioners in Buenos Aires march every Wednesday to the National Congress to protest against the pension cuts made by the national government.

Amnesty International’s research demonstrated the direct impact such surveillance capabilities are having on various groups including journalists, activists, and migrants.

It found that some were self-censoring on social media and in public spaces, reducing participation in protests for fear of being identified and targeted, and taking more cautious measures in the planning of public activities.

INVESTIGATING THE IMPACT OF SURVEILLANCE IN BUENOS AIRES

Amnesty International conducted interviews with 21 people including journalists, activists, pensioners, young people and human rights defenders, and analysis of scores of procurement documents and data related to acquired surveillance technologies obtained through freedom of information (FOI) requests.

In addition, Amnesty International, together with local human rights organizations, held a hackathon in October 2025, during which the coverage of surveillance cameras located in the vicinity of the National Congress and the Avenida 9 de Julio, was established to measure the risk of exposure to facial recognition technologies. The map is highlighted below, and the procurement data can be viewed in the full report.

BAN AI-DRIVEN MASS SURVEILLANCE; PROTECT HUMAN RIGHTS

Around the world, states engaged in authoritarian practices are ramping up their use of surveillance technologies against human rights defenders, young people, migrants, marginalized and displaced groups, and dissidents. This goes hand in hand with a lack of oversight, transparency, and accountability

Amnesty International is calling on the Argentinian authorities to ban the development, production, sale, and use of remote biometric recognition technologies for mass and targeted discriminatory surveillance, and to ban its unlawful use by all public and private actors.

The authorities must also establish appropriate regulatory measures for the procurement, development, production, sale, import and export of surveillance technologies, and specific public policy frameworks for their use.

Download the Report

Read the full 'Sensing the Surveillance State' Report

Resist surveillance at a protest

A toolkit developed by Amnesty and partners

La ampliación del uso de tecnologías de vigilancia en Argentina durante los dos primeros años de gobierno de Javier Milei ha servido para ampliar la capacidad de vigilancia, el establecimiento de perfiles y las represalias del Estado en el país, y ha creado un efecto disuasorio sobre el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación.

El gobierno de Argentina ha implementado amplias reformas institucionales para ampliar sus capacidades de inteligencia y, por lo tanto, sus mecanismos de vigilancia, a través de decretos presidenciales y resoluciones ministeriales.

Entre 2024 y 2025, también adquirió tecnologías por valor de al menos 1,2 millones de dólares estadounidenses, incluidas herramientas de vigilancia de redes sociales, reconocimiento facial y drones. En conjunto, todas estas políticas y tecnologías constituyen un sistema de vigilancia masiva.

UNA INFRAESTRUCTURA DE VIGILANCIA CADA VEZ MÁS AMPLIA

El Gobierno argentino ha adquirido diversas tecnologías de vigilancia, incluidas plataformas de inteligencia de código abierto diseñadas para la recopilación, verificación cruzada y visualización de grandes volúmenes de datos procedentes de redes sociales, sitios web, la «dark web», datos personales, infraestructura técnica y otras bases de datos públicas.

Las adquisiciones también incluyen licencias de software de reconocimiento facial de empresas con un historial de explotación masiva de datos biométricos sin suficientes fundamentos legales, así como la adquisición de drones y estaciones de control en tierra, con capacidades de seguimiento automatizado, cámaras térmicas y transmisión de imágenes en tiempo real.

«Hace ya mucho tiempo que a todas las personas nos identifican por completo… A veces vas caminando y de
repente llegando te encontrás que tenés el dron ahí arriba cerquita de la cabeza. A veces a menos de dos metros. ¿Por qué tan cerca? ¿Por qué es tan invasivo?”

– Ana Tapia, integrante del colectivo Jubilados Insurgentes.

Las personas jubiladas de Buenos Aires marchan todos los miércoles hacia el Congreso de la Nación para protestar contra los recortes en las pensiones realizados por el gobierno nacional.

La investigación de Amnistía Internacional demostró el impacto directo que estas capacidades de vigilancia están teniendo en diversos grupos, como periodistas, activistas y personas migrantes. Se constató que algunas personas se autocensuraban en las redes sociales, reducían su participación en las protestas por temor a ser identificadas y convertirse en objetivo, y tomaban medidas más cautelosas en la planificación de actividades públicas.

INVESTIGACIÓN DEL IMPACTO DE LA VIGILANCIA EN BUENOS AIRES

Amnistía Internacional entrevistó a 21 personas, entre ellas periodistas, activistas, personas jubiladas, jóvenes y defensores y defensoras de los derechos humanos, y analizó decenas de documentos de adquisiciones y datos relacionados con las tecnologías de vigilancia adquiridas, obtenidos mediante solicitudes de acceso a información.

Además, Amnistía Internacional, junto con organizaciones locales de derechos humanos, celebró un hackatón en octubre de 2025, durante el cual se determinó la cobertura de las cámaras de vigilancia situadas en las inmediaciones del Congreso Nacional y de la Avenida 9 de Julio para medir el riesgo de exposición a las tecnologías de reconocimiento facial. El mapa se incluye a continuación y los datos de adquisiciones pueden consultarse en el informe completo.

PROHIBIR LA VIGILANCIA MASIVA IMPULSADA POR IA; PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS

En todo el mundo, los Estados que llevan a cabo prácticas autoritarias están aumentando el uso de tecnologías de vigilancia contra defensores y defensoras de los derechos humanos, jóvenes, migrantes, grupos marginados y desplazados, y disidentes. Esto va de la mano de la falta de supervisión, transparencia y rendición de cuentas.

Amnistía Internacional pide a las autoridades argentinas que prohíban el desarrollo, la producción, la venta y el uso de tecnologías remotas de reconocimiento biométrico para la vigilancia masiva y la vigilancia selectiva discriminatoria, y que prohíban su uso ilegítimo por parte de todos los actores públicos y privados.

Las autoridades también deben establecer medidas reguladoras adecuadas para la adquisición, el desarrollo, la producción, la venta, la importación y la exportación de tecnologías de vigilancia, así como marcos de políticas públicas específicos para su uso.

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Resistir la vigilancia en una protesta

Carpeta de materiales desarrollada por Amnistía Internacional y entidades asociadas